Estamos a unos días de terminar el año y es un hecho que 2021 pasará a la historia como un año en el que la economía colaborativa y sectores como el delivery, vivieron grandes avances pero también obstáculos y políticas que han desincentivado su crecimiento y beneficios.
El ejemplo más icónico y representativo de esto último es la Ley Rider, ¿cuáles fueron las consecuencias de obligar a las empresas de delivery a contratar a los repartidores como empleados base? En España calculan más de 15 mil empleos perdidos por la Ley Rider, pues era evidente que las plataformas no iban a poder “contratar” a todos los Riders, sin mencionar lo que sucedió en Suiza con una regulación similar, donde más del 70% de las personas que trabajaban en repartos perdieron su ingreso. Por otro lado, miles más perdieron su flexibilidad y autonomía y se han tenido que ajustar a un pago fijo que no les permite ganar más como antes, ni trabajar para múltiples plataformas. La empresa inglesa Deliveroo se tuvo que ir por no contar con las condiciones ni certidumbre de seguir operando en España.
Aquí algunos testimonios recabados por portales españoles e internacionales como vozpopuli.com y Wired después de la aprobación de dicha ley:
• “Así no veo viable este trabajo, yo antes ganaba más y tenía mucha más flexibilidad de horarios y para elegir los pedidos. Me salía más rentable siendo autónomo, ahora prácticamente nos dejan en la calle”
• Otro Rider explicó que que ahora su labor como repartidor se refleja en “un sueldo de 1.180 euros brutos (apenas 1.000 euros netos) a través de una subcontrata o Empresa de Trabajo Temporal, con jornadas de 40 horas a la semana, un solo día de descanso, usando su vehículo personal y con contratos laborales renovables cada quince días”.
• “Ocho horas al día solían ser suficientes. Ahora tengo que trabajar más para ganar la misma cantidad de dinero. “Todo comenzó con la ‘Ley Rider. Ellos [el gobierno español] dijeron que era lo mejor para nosotros, pero sólo ha hecho que nuestros trabajos sean más precarios”. Ahora, el repartidor de nombre Daniel Freitas dice que está luchando para llegar a fin de mes después de pagar el combustible de su motocicleta, un contador, el IVA y las contribuciones al seguro nacional que ascienden a una tasa mensual fija de 289 euros para los autónomos.
• “Estaba tan enojada cuando escuché que [Deliveroo] se iba, es mi mayor fuente de ingresos y luego, de repente, me dijeron que se iba”, dijo Lydia Camargo, una repartidora de 42 años de Madrid que trabajaba con Deliveroo y Glovo. “Esta ley nos está dejando sin nada”.
Ahora, después de aprobar un impuesto de 2% al comercio digital y al delivery, el cual acabarán pagando todos los actores del ecosistema (restaurantes, repartidores, usuarios y plataformas), el gobierno de la CDMX, encabezado por Claudia Sheinbaum, está en planes de implementar una Ley Rider en la ciudad, lo cual terminaría por destruir lo que miles de repartidores ha logrado construir y ganar en los últimos años. Además, ¿ya saben cuáles han sido las otras consecuencias en España, además de la afectación directa hacia los repartidores?
Se ha tenido que migrar a esquemas de subcontratación que lejos de beneficiar a los repartidores, están resultando contraproducentes y no están mitigando la supuesta “precariedad” que advertían. Basta con leer una nota publicada hace unos días en El País: “Cuatro meses después de la entrada en vigor de la Ley Rider, la adaptación del modelo negocio de las plataformas de reparto a domicilio a la nueva norma es desigual. La ley establece que los repartidores tienen una relación laboral con las compañías, y no pueden ser considerados autónomos. De las plataformas que ya funcionaban en España, Glovo y Uber Eats siguen siendo cuestionadas por los sindicatos pese a haber hecho cambios en su forma de operar”.
Ojalá el gobierno de la CDMX tome nota de todo esto, pues sus últimas decisiones en esta materia han dejado fuera la voz de los repartidores y sus verdaderas necesidades.
