El año pasado la aprobación del impuesto de 2% al comercio digital provocó que los diferentes actores del ecosistema levantaran la voz ante un verdadero freno de mano a la economía colaborativa, en la que miles de personas han encontrado una fuente de ingresos flexible e independiente.
Este impuesto, que impacta directa e indirectamente a cientos de comercios, llega en un momento difícil para la ciudad. De acuerdo con las últimas cifras del INEGI a diciembre de 2021, la CDMX se posiciona como la entidad con mayor desempleo (6.3%) arriba de la media nacional (4.0%). En el caso de los repartidores, ellos eligen esta manera de generar ingresos por su flexibilidad y sí, porque también les va mejor que en otros trabajos; recordemos que de acuerdo con el CIDE y la Asociación de Internet MX (AIMX) en su estudio “Las Plataformas de Entrega a Domicilio en la Economía Mexicana” se encontró que de 2012 a 2020, el crecimiento del ingreso promedio mensual de los repartidores fue de 117%, mientras que el ingreso promedio mensual del trabajador promedio de la economía mexicana creció sólo el 25%.
¿Quiénes ya se pronunciaron ante esta situación? De entrada, están uno de los grupos más afectados y que han alzado la voz en contra del gobierno; los repartidores. Representados por colectivos como #NiUnRepartidorMenos, los miles de repartidores en la CDMX han condenado este impuesto, el cual impacta directamente en sus bolsillos y economía: “No podemos permitir que los intereses políticos de una persona entorpezcan y perjudiquen el trabajo de los demás”, declaró el vocero del grupo, Saúl Gómez.
De igual manera varias asociaciones que tienen como objetivo impulsar la transición digital de la ciudad y del país. Están la Asociación de Internet MX (AIMX), la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO), la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), la Asociación Fintech de México, entre otras. Están ya arriba cámaras empresariales como la propia CANACINTRA, COPARMEX, el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE) y la CONCAMIN.
En su momento, académicos como Victor Carreón Rodríguez, Investigador del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE, vislumbraron que con este impuesto el SAT de Raquel Buenrostro, sale perdiendo a todas luces, pues por cada peso que recaude la CDMX, el SAT perdería 1.4 pesos. En tanto, partidos de oposición en la CDMX con el PRI y el PAN, calificaron de “inhumana y mentirosa”, a la Jefa de Gobierno por estas medidas.
Organismos como el propio IFT también se pronunciaron, así como colegios de abogados como la propia Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C., la Academia Mexicana de Derecho Fiscal A.C., la Academia Mexicana de Derecho Informático A.C., la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y el Ilustre y el Nacional Colegio de Abogados de México, quienes calificaron el “aprovechamiento” como un intento para disfrazar impuestos.
¿Qué sigue?
El PAN en el Congreso de la CDMX anunció que buscará interponer una acción de inconstitucionalidad en contra del impuesto. Asimismo, los legisladores reiteraron que pondrán a consideración de los empresarios y ciudadanos un formato de amparo para que, de forma particular, puedan acudir a los tribunales. En tanto, asociaciones y colegios de abogados como investigadores del instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM, se manifestaron en contra de este impuesto argumentando su inconstitucionalidad.
En tanto, se ha dado a conocer que Rappi ganó una primera batalla legal contra el impuesto, pues el juez federal Germán Cruz Silva le concedió ayer a la plataforma una suspensión provisional de la medida a través de un amparo mediante el cual Rappi cuestiona la Constitucionalidad del artículo 307 Ter del Código Fiscal de la Ciudad de México.
Tome nota, esto apenas comienza.
