Recientemente, tras la reunión que sostuvieron 139 países, incluido México, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) informó que el nuevo impuesto global a las corporaciones multinacionales será al menos de un 15% y entrará en operación en 2023. De acuerdo con Mathias Cormann, secretario general de la OCDE, son 130 jurisdicciones y países los que llegaron al acuerdo, y entre todos representan 90% del PIB mundial.
El acuerdo consta de dos partes: la primera tiene por objeto garantizar que las grandes empresas multinacionales paguen impuestos cuando operen y obtengan beneficios, lo que añade certidumbre y estabilidad al sistema internacional. En segundo lugar, la coordinación de la nueva normativa internacional busca evitar las deducciones a las corporativas multinacionales que están sujetas de ser gravadas. Sobre ello, Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, declaró que “el objetivo es que el gravamen promueva sistemas fiscales estables y justos” por lo que, “con esta disposición en la OCDE, que es apoyada por México, se consolida un acuerdo global que probablemente será ratificado en el G20”.
En el mismo acuerdo detallan que los grandes corporativos tendrán que pagar un impuesto de, al menos, 15% sobre las ganancias para empresas multinacionales con utilidades superiores a los 24,000 millones de dólares
De acuerdo con expertos en temas fiscales consultados por safeshopping.news, hay empresas mexicanas especializadas en temas digitales, en general mucho más pequeñas que las extranjeras, que compiten contra las grandes multinacionales y para cumplir lo que declaró el subsecretario Yorio, el reto será estructurar este nuevo impuesto de forma que las más pequeñas no vayan resultar afectadas. Asimismo, imponer nuevos impuestos a las empresas nacionales puede tener efectos regresivos y beneficiar, contradictoriamente, a las extranjeras, pues la competencia no podría sostener el costo que implica.
En ese sentido, los expertos proponen que el impuesto se imponga a empresas que no tienen residencia y no están constituidas formalmente en México. De este modo se lograría que las grandes empresas extranjeras paguen los impuestos que les corresponden mientras que las nacionales pueden competir sin encontrar grandes trabas y seguir ofreciendo servicios de calidad.
