En este espacio le hemos dado seguimiento a las diferentes políticas que gobiernos estatales han querido impulsar para, de una manera errónea, cobrarle impuestos a la economía digital y a todos los que forman parte de ese ecosistema.
Desde el fallido impuesto de 2% en la CDMX, pasando por el del Estado de México que se detuvo y ahora el que se pretende imponer en Quintana Roo.
Recientemente, José María Chacón, presidente de la Comisión de Movilidad del Congreso de Quintana Roo y uno de los impulsores de este impuesto que terminaría afectando a repartidores y usuarios, dio una declaración preocupante.
Ante las protestas de diferentes grupos de repartidores como #NiUnRepartidorMenos, encabezado por Saúl Gómez, Chacón aseguró que el pago lo harían las plataformas.
“Si nos ponemos más duros, pues al final el que lo va a pagar es el ciudadano porque se lo van a cobrar al ciudadano”.
-Comentó Chacón
Lo que al parecer no entiende Chacón es que, primero que nada, requerir un permiso para ejercer actividades de reparto violenta el derecho al trabajo de las personas (artículo 5 constitucional).
Hablando sobre el tributo o “aportación” de 2%, es lo mismo que en la CDMX, es inconstitucional a todas luces y discriminatorio contra las pequeñas y medianas empresas que no pueden tener un servicio de reparto propio.
Esto impactaría negativamente tanto a repartidores como a restaurantes. Además, pretenden obligar a los “repas” a asociarse a algún sindicato o asociación.
Nada está escrito aún y los ojos también están puestos en la gobernadora Mara Lezama, quien podría abogar por los derechos de los repartidores y todos los que participan en el comercio digital del estado.
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