Después de que el año pasado la Ley Rider se aprobara e implementara en España, hoy ya es bien conocido el desastre en el que derivó, en el que miles de repartidores que se quedaron sin ingresos y empresas de delivery abandonaron el país por falta de certidumbre y de condiciones para continuar operando.
Apenas hace unas semanas, se reportó que Yolanda Díaz, ministra de Trabajo en España, se reunió con su homólogo, el secretario de Trabajo de Estados Unidos, Martin Walsh, quien aseguran ha mostrado “un especial interés” por la Ley Rider.
Díaz y Walsh han firmado un Memorando de Entendimiento, un documento que da un nuevo impulso a la cooperación hispano-estadounidense en materia de trabajo.
Contempla, además, un ambicioso plan de actividades para ampliar la colaboración en el plano sindical, de trabajo de plataformas y protección a las personas trabajadoras más vulnerables.
Es válido preguntar ¿Está Walsh al tanto de lo que sucedió en España y el repudio a una Ley que provocó la salida de Deliveroo?
No olvidemos las manifestaciones de organizaciones como la Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA) dirigida ahora por Gus Gaviria, quienes salieron a las calles para exigirle al gobierno no implementar la Ley Rider.
De hecho, como usted sabe, el Parlamento Europeo está en proceso de implementar una ley similar, y diferentes portales hablan de que esta medida afectaría a más de 5 millones de trabajadores de plataformas de delivery y de otros sectores que también forman parte de la economía digital, desde profesores, diseñadores gráficos, entre otros.
El panorama en México luce un poco más alentador, pues lejos del inminente desastre que representaba la Ley Sheinbuam, autoridades como la propia Secretaría de Trabajo y Previsión Social, de Luisa María Alcalde, han dejado claro que aquí se trabaja en un esquema mucho más flexible en el que no se sacrifique la flexibilidad del delivery y no se intente meter a los repartidores a la caja de “empleos tradicionales”.
Tome nota.
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