La semana pasada se cumplió un año de la publicación de la Ley Rider en el Boletín Oficial del Estado en España. Si bien la ley entró en vigor el 12 de agosto, el Gobierno dio tres meses a las plataformas como Glovo, Deliveroo, Just Eat o Uber Eats para adaptar sus contratos a la nueva legalidad que buscaba la regularización de los repartidores como empleados tradicionales.
Como se advirtió, el resultado no ha sido el esperado. De acuerdo con el portal The Objective, “el balance no puede ser más desolador: 10,000 riders expulsados del mercado del trabajo y otros 15,000 que siguen sin estar contratados por las plataformas”.
Esto fue precisamente lo que Jordi Mateo, presidente de la Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA), advirtió en su momento y no fue escuchado por el gobierno de España.
Recordemos que la Ley Rider obligó a las empresas a contratar a los repartidores como empleados y que estos se volvieran asalariados, lo cual, como lo explicó Jordi, era lo último que los riders querían.
En reportajes como los de Wired; “España tenía un plan para arreglar la economía Gig. NO FUNCIONÓ”, se aborda el tema de la Ley Rider con testimonios de repartidores contundentes: “Ocho horas al día solían ser suficientes.
Ahora tengo que trabajar más para ganar la misma cantidad de dinero. “Todo comenzó con la ‘Ley Rider. Ellos [el gobierno español] dijeron que era lo mejor para nosotros, pero solo ha hecho que nuestros trabajos sean precarios”.
“Los que han logrado mantener su trabajo siguen siendo mayoritariamente autónomos, el resto reparten a través de subcontratas y un porcentaje pequeño está contratado por la propia plataforma.
Un panorama muy distinto del prometido por la ministra Yolanda Díaz y que ya ha despertado incluso los críticos de grupos políticos tan diversos como Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) o el Partido Popular (PP), que esta semana han forzado una proposición no de Ley para aumentar las inspecciones laborales en el sector”; expone The Objective.
El mismo portal hace referencia, una vez más, al caso de Deliveroo, empresa inglesa que consideró que con las nuevas condiciones y con el costo de tener que asumir contratos formales no era rentable seguir en España y su retirada representó la pérdida de 4 mil repartidores.
En tanto, Business Insider ha publicado una nota titulada: “La guerra en el ‘delivery’, más viva que nunca un año después del nacimiento de la ley ‘rider’”, en la que igualmente destaca el fracaso de la legislación y la generación de conflictos entre plataformas: “Hoy la guerra entre las plataformas de reparto es más cruenta que nunca, con señalamientos públicos por parte de los CEO, e incluso el propio Óscar Pierre —cofundador de Glovo— tachando la nueva norma de “chapuza”.
Entre medias, en el verano pasado, Deliveroo anunció su decisión de abandonar España. En diciembre, Just Eat firmó con los sindicatos un acuerdo histórico y, a escasos minutos de entrar en el 2022, Glovo fue absorbida por el gigante alemán Delivery Hero. Uber Eats, ahora la tercera en discordia, denunció públicamente hace unos meses a Glovo en un grito a la desesperada abriendo la puerta a seguir trabajando con autónomos.
Un año después, a todas luces, la Ley Rider ya es considerada un fracaso, la cual, lejos de beneficiar y proteger a los repartidores, los hizo a un lado, redujo su flexibilidad, a algunos les quitó sus ingresos y además de todo provocó conflictos entre plataformas que no benefician a nadie. Tome nota.
Te puede interesar: Ley Sheinbaum por la vía federal: lo que no quieren que sepas
