En safeshopping.news reconocemos que el año pasado fue uno de mucho crecimiento para la economía colaborativa y el comercio digital. Sin embargo, como ya lo hemos mencionado, también se presentaron obstáculos y políticas que más que impulsar este sector y sus múltiples beneficios para todos, le impiden alcanzar su máximo potencial.
Tal es el caso del impuesto que Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la CDMX, impulsó en la ciudad, y que ahora TODOS; desde restaurantes, comercios, repartidores, plataformas y usuarios, deberemos pagar. No obstante, parece que, así como el 2022, esto apenas comienza. De entrada, el PAN en el Congreso de la Ciudad de México anunció que buscará interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de los nuevos impuestos aprobado en el Código Fiscal, principalmente, el cobro del 2 por ciento a las aplicaciones electrónicas por servicios de entrega a domicilio. Es importante mencionar que, para lograr esta acción jurídica, los legisladores del PAN requieren de 22 firmas de sus homólogos y expresaron que ellos como grupo parlamentario juntan 17, por lo que llamaron al PRD y PRI a apoyar esta causa.
Los argumentos son sencillos:
- Cuando el impuesto habla sobre la utilización de la infraestructura de la ciudad, realmente no existen funciones de derecho público o explotación de bienes del dominio público que requieran su utilización y respalden la imposición. Es decir, no puedes cobrar un impuesto por circular por las calles como cualquier otro peatón, ciclista, motociclista o conductor.
- El impuesto es violatorio del principio de proporcionalidad, pues la base es el cobro total por cada entrega -antes de impuestos- sin que ello represente una fuente de riqueza real para estas plataformas. En otras palabras, no entienden que el ingreso recibido por las plataformas no atiende al cobro total del consumidor final.
- El impuesto viola el principio de equidad al imponerles este aprovechamiento a empresas y conductores que funcionan a través de herramientas digitales y no a otro tipo de empresas convencionales de servicios de mensajería o entrega, que prestan exactamente el mismo.
- Finalmente, no podemos dejar fuera que estamos viviendo la cuarta ola de contagios, impulsada en gran parte por la variante ómicron y una vez más, el delivery será determinante para evitar miles de contagios en las ciudades, ¿por qué castigarlo con este impuesto?
Es importante destacar que los mismos legisladores reiteraron que pondrán a consideración de los empresarios y ciudadanos un formato de amparo para que, de forma particular, puedan acudir a los tribunales. Asimismo, tanto asociaciones y colegios de abogados como investigadores del instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM, ya se manifestaron en contra de este impuesto argumentando justamente su inconstitucionalidad. ¿Buscará el PAN a estos actores para tratar de sumarlos a su causa y fortalecer sus argumentos jurídicos?
Todo parece indicar que este tema seguirá persiguiendo al gobierno de la CDMX y a quienes votaron a favor de este impuesto, el cual a todas luces resultará en un desastre para el comercio electrónico y todos los actores del ecosistema.
