El gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, no ha sido el mejor ejemplo a seguir en temas de impulsar a la economía colaborativa y apoyar a los trabajadores independientes.
Ejemplos hay muchos, basta con recordar que a finales del año pasado, el gobierno aprobó un impuesto de 2 por ciento al comercio digital provocó que los diferentes actores del ecosistema levantaran la voz ante un verdadero freno de mano a la economía colaborativa, en la que miles de personas han encontrado una fuente de ingresos flexible e independiente.
¿Quiénes se pronunciaron ante esta situación? De entrada, están uno de los grupos más afectados y que han alzado la voz en contra del gobierno; los repartidores. Representados por colectivos como #NiUnRepartidorMenos, los miles de repartidores en la CDMX condenaron este impuesto, el cual impacta directamente en sus bolsillos y economía.
De igual manera se pronunciaron varias asociaciones que tienen como objetivo impulsar la transición digital de la ciudad y del país. Están la Asociación de Internet MX (AIMX), la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO), la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), la Asociación Fintech de México, entre otras. Sin mencionar a cámaras empresariales como la propia CANACINTRA, COPARMEX, el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE) y la CONCAMIN.
Organismos como el propio IFT también se pronunciaron, así como colegios de abogados como la propia Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C., la Academia Mexicana de Derecho Fiscal A.C., la Academia Mexicana de Derecho Informático A.C., la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y el Ilustre y el Nacional Colegio de Abogados de México, quienes calificaron el “aprovechamiento” como un intento para disfrazar impuestos.
De hecho, siguiendo en el sector digital, el gobierno de la CDMX le sigue fallando a los trabajadores independientes con la Ley Sheinbaum, bautizada así por los repartidores de delivery.
Desde hace meses, las y los repartidores de la ciudad esperaron esta ley por parte de José Luis Rodríguez Díaz de León, secretario de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México y temieron un impacto negativo aún mayor que el del propio impuesto. Como ya sabemos, ahora este tema se discute por la vía federal, donde están involucrados Luisa María Alcalde, Secretaria de Trabajo y Previsión Social, Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STyPS, Zoé Robledo, titular del IMSS y Norma Gabriela López Castañeda, titular de la Dirección de Incorporación y Recaudación del IMSS.
Finalmente, vale la pena recordar que, de acuerdo con la encuesta más reciente de El Universal, los tres principales problemas que enfrenta la CDMX son la inseguridad, con 59.4%; la violencia, con 7.5%, y el desempleo, con 5.1%.
Lo anterior tendrían que ser las bases de las políticas públicas del gobierno de la ciudad, no obstante, como hemos podido ver los últimos meses, a través de acciones como el impuesto de 2% a la economía digital o la Ley Sheinbaum, las prioridades del gobierno han sido otras y se ha optado por afectar directamente industrias clave como la economía colaborativa y a los miles de trabajadores independientes que se desempeñan en ella. Tome nota.
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