El delivery en México es sin duda una industria que ha contribuido a generar más y mejores empleos en el país.
Estudios como el de “Las Plataformas de Entrega a Domicilio en la Economía Mexicana” del CIDE y la AIMX, dieron a conocer que de 2012 a 2020, el crecimiento del ingreso promedio mensual de los repartidores fue de 117%, mientras que el ingreso promedio mensual del trabajador promedio de la economía mexicana creció sólo el 25%.
Por otro lado el CIDE y la AIMX registraron un crecimiento de 150% en la ocupación de repartidores desde 2012.
De hecho, con cifras del propio SAT, encabezado por Raquel Buenrostro, existen más de 300 mil personas físicas que obtienen ingresos a través de plataformas tecnológicas y el organismo registró un incremento anual en la recaudación de 50% real en este rubro, pues en el primer trimestre del año pasado se contabilizaron más de 200 mil personas inscritas con esta actividad.
¿Por qué es importante seguir teniendo presentes estos datos sobre el delivery en México?
El tema de la regulación del delivery sigue presente en México y otros países. Recordemos que casos como el de la Ley Rider en España, derivaron en miles de repartidores que perdieron sus ingresos y flexibilidad.
En su momento, Uber expuso que en Ginebra, la reclasificación de socios repartidores generó la pérdida de oportunidades laborales al verse una reducción estimada de 67%; además, un 79% de todos los repartidores que perdieron el acceso a la aplicación permanecieron desempleados seis meses después.
Lo anterior también representó pérdidas para restaurantes y el propio Estado, pues se estima que la pérdida por la reclasificación fue de 694,000 entregas en 2021, las cuales representaron aproximadamente 16 millones de euros en ingresos para los restaurantes, 1.16 millones de euros para los repartidores y más de 570 mil euros en ingresos por IVA para el Estado.
Aquí en México, lejos del peligro que representa la Ley Sheinbaum, Luis María Alcalde, secretaria del Trabajo, ha dejado entrever que se trabaja en un esquema a nivel federal en el que mantendrán elementos clave como la flexibilidad y no se meterán a los repartidores a “la caja de fuerza de una relación laboral tradicional”.
Será cuestión de tiempo para confirmar si el gobierno de México ha tomado en cuenta las malas experiencias de otros países.
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