Documentos financieros y contractuales muestran que que organizaciones civiles han ejercido recursos en México para actividades de cabildeo e incidencia en políticas públicas, particularmente en temas de salud y regulación alimentaria, bajo esquemas que han sido cuestionados por opacidad y concentración de recursos.
Entre las organizaciones señaladas se encuentra El Poder del Consumidor A.C., que encabeza Alejandro Calvillo Unna, que de acuerdo con documentación habría recibido casi 300 millones de pesos provenientes de Bloomberg Philanthropies, mismos que fueron canalizados a campañas de comunicación, estudios técnicos, asesorías jurídicas y acciones de presión pública relacionadas con el etiquetado frontal de alimentos, impuestos y restricciones publicitarias.
¿Cuántos recursos entregaron?
De manera paralela, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) recibió entre 2020 y 2024 un total de 2.23 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 39 millones de pesos, recursos otorgados por la misma fundación para proyectos vinculados con investigación y políticas de prevención.
De acuerdo con diversos especialistas, si bien estos apoyos no son ilegales, la falta de transparencia en la información detallada sobre sus alcances y su uso final está generado cuestionamientos sobre su papel en el diseño de políticas públicas.
Los registros también muestran transferencias realizadas en México a organizaciones y consultoras con participación activa en debates legislativos y regulatorios, entre ellas:
- Dinamia Consultoría en Investigación, S.C., con 7.8 millones de pesos;
- Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, con 5 millones 361 mil pesos;
- Fundar, Centro de Análisis e Investigación, con 500 mil pesos;
- Espiral por la Vida, con 674 mil 767 pesos.
Aunque hasta ahora no existen resoluciones judiciales o sanciones administrativas que confirmen irregularidades, especialistas en transparencia advierten que la magnitud de los recursos ejercidos en México para actividades de incidencia muestra la opacidad en temas de rendición de cuentas, especialmente cuando se trata de cabildeo indirecto en políticas públicas sensibles.
Calvillo y Guati Rojo, los perfiles y polémicas detrás del financiamiento y la defensa del etiquetado
El esquema de financiamiento e incidencia documentado en torno a Bloomberg Philanthropies también ha puesto en la palestra a Alejandro Calvillo Unna y Alfonso Guati Rojo Sánchez, ambos con historial de participación directa en el diseño y defensa del nuevo sistema de etiquetado frontal de alimentos.
Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, ha sido una de las voces más influyentes en la promoción de políticas contra alimentos ultraprocesados, refrescos y bebidas alcohólicas.
Su organización recibió cerca de 300 millones de pesos para campañas de incidencia, lo que ha sido motivo de críticas por la dependencia de financiamiento extranjero y por la concentración de recursos en su estructura interna.
De acuerdo con los documentos, entre 2020 y 2025, Jorge Luis Calvillo Unna, hermano del dirigente, habría recibido 7.8 millones de pesos en pagos de nómina, mientras que Suzanne Elaine Kemp, esposa de Alejandro Calvillo, percibió en el mismo periodo más de 4.2 millones de pesos, lo que ha detonado señalamientos de posibles conflictos de interés y falta de controles internos en la organización.
Alejandro Calvillo también ha sido señalado por diversos medios de comunicación por su cercanía con funcionarios del sector salud durante la pandemia de Covid-19 y por su participación activa en campañas paralelas al gobierno federal para impulsar impuestos y regulaciones sanitarias.
Por su parte, Alfonso Guati Rojo, exdirector general de Normas de la Secretaría de Economía, fue el principal arquitecto jurídico del etiquetado frontal.
Durante su gestión enfrentó fuertes críticas de la iniciativa privada y protagonizó polémicas públicas, como los señalamientos, los que siempre negó, para presionar a una jueza que otorgó un amparo contra la regulación en 2020.
Cinco meses después de dejar el cargo en 2022, Guati Rojo comenzó a recibir pagos por conceptos de “asesoría” y “seguimiento de amparos” provenientes de El Poder del Consumidor, los cuales superaron un millón de pesos, mientras los casos clave sobre el etiquetado eran analizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Especialistas en responsabilidades administrativas señalan que, aunque la contratación de exfuncionarios no está prohibida por ley, la coincidencia temporal entre los pagos y los procesos judiciales reavivó cuestionamientos éticos sobre el papel de actores externos en la defensa política y mediática de la norma.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha determinado responsabilidades legales para Calvillo, Guati Rojo u otras personas mencionadas.
No obstante, los antecedentes y el volumen de recursos involucrados los mantienen en el ojo del huracaán debido a la nula transparencia, al cabildeo ejercido y la falta de límites entre activismo y política pública.Documentos financieros y contractuales muestran que que organizaciones civiles han ejercido recursos en México para actividades de cabildeo e incidencia en políticas públicas, particularmente en temas de salud y regulación alimentaria, bajo esquemas que han sido cuestionados por opacidad y concentración de recursos.
Entre las organizaciones señaladas se encuentra El Poder del Consumidor A.C., que encabeza Alejandro Calvillo Unna, que de acuerdo con documentación habría recibido casi 300 millones de pesos provenientes de Bloomberg Philanthropies, mismos que fueron canalizados a campañas de comunicación, estudios técnicos, asesorías jurídicas y acciones de presión pública relacionadas con el etiquetado frontal de alimentos, impuestos y restricciones publicitarias.
De manera paralela, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) recibió entre 2020 y 2024 un total de 2.23 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 39 millones de pesos, recursos otorgados por la misma fundación para proyectos vinculados con investigación y políticas de prevención.
De acuerdo con diversos especialistas, si bien estos apoyos no son ilegales, la falta de transparencia en la información detallada sobre sus alcances y su uso final está generado cuestionamientos sobre su papel en el diseño de políticas públicas.
Los registros también muestran transferencias realizadas en México a organizaciones y consultoras con participación activa en debates legislativos y regulatorios, entre ellas:
- Dinamia Consultoría en Investigación, S.C., con 7.8 millones de pesos;
- Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, con 5 millones 361 mil pesos;
- Fundar, Centro de Análisis e Investigación, con 500 mil pesos;
- Espiral por la Vida, con 674 mil 767 pesos.
Aunque hasta ahora no existen resoluciones judiciales o sanciones administrativas que confirmen irregularidades, especialistas en transparencia advierten que la magnitud de los recursos ejercidos en México para actividades de incidencia muestra la opacidad en temas de rendición de cuentas, especialmente cuando se trata de cabildeo indirecto en políticas públicas sensibles.
Calvillo y Guati Rojo, los perfiles y polémicas detrás del financiamiento y la defensa del etiquetado
El esquema de financiamiento e incidencia documentado en torno a Bloomberg Philanthropies también ha puesto en la palestra a Alejandro Calvillo Unna y Alfonso Guati Rojo Sánchez, ambos con historial de participación directa en el diseño y defensa del nuevo sistema de etiquetado frontal de alimentos.
Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, ha sido una de las voces más influyentes en la promoción de políticas contra alimentos ultraprocesados, refrescos y bebidas alcohólicas.
Su organización recibió cerca de 300 millones de pesos para campañas de incidencia, lo que ha sido motivo de críticas por la dependencia de financiamiento extranjero y por la concentración de recursos en su estructura interna.
De acuerdo con los documentos, entre 2020 y 2025, Jorge Luis Calvillo Unna, hermano del dirigente, habría recibido 7.8 millones de pesos en pagos de nómina, mientras que Suzanne Elaine Kemp, esposa de Alejandro Calvillo, percibió en el mismo periodo más de 4.2 millones de pesos, lo que ha detonado señalamientos de posibles conflictos de interés y falta de controles internos en la organización.
Alejandro Calvillo también ha sido señalado por diversos medios de comunicación por su cercanía con funcionarios del sector salud durante la pandemia de Covid-19 y por su participación activa en campañas paralelas al gobierno federal para impulsar impuestos y regulaciones sanitarias.
Alfonso Guati Rojo, exdirector de Normas de la Secretaría de Economía
Por su parte, Alfonso Guati Rojo, exdirector general de Normas de la Secretaría de Economía, fue el principal arquitecto jurídico del etiquetado frontal.
Durante su gestión enfrentó fuertes críticas de la iniciativa privada y protagonizó polémicas públicas, como los señalamientos, los que siempre negó, para presionar a una jueza que otorgó un amparo contra la regulación en 2020.
Cinco meses después de dejar el cargo en 2022, Guati Rojo comenzó a recibir pagos por conceptos de “asesoría” y “seguimiento de amparos” provenientes de El Poder del Consumidor, los cuales superaron un millón de pesos, mientras los casos clave sobre el etiquetado eran analizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Especialistas en responsabilidades administrativas señalan que, aunque la contratación de exfuncionarios no está prohibida por ley, la coincidencia temporal entre los pagos y los procesos judiciales reavivó cuestionamientos éticos sobre el papel de actores externos en la defensa política y mediática de la norma.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha determinado responsabilidades legales para Calvillo, Guati Rojo u otras personas mencionadas.
No obstante, los antecedentes y el volumen de recursos involucrados los mantienen en el ojo del huracán debido a la nula transparencia, al cabildeo ejercido y la falta de límites entre activismo y política pública.cabildeo ejercido y la falta de límites entre activismo y política pública.
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