Las semana pasada en safeshopping.news le informamos sobre la creación del nuevo impuesto global, propuesto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a las corporaciones multinacionales, el cual será al menos de un 15% y entrará en operación en 2023.
El acuerdo consta de dos partes: la primera tiene por objeto garantizar que las grandes empresas multinacionales paguen impuestos cuando operen y obtengan beneficios, lo que añade certidumbre y estabilidad al sistema internacional. En segundo lugar, la coordinación de la nueva normativa internacional busca evitar las deducciones a las corporativas multinacionales que están sujetas de ser gravadas.
Ahora, en el marco de la cumbre del G20, celebrada el pasado 10 y 11 de julio en Venecia, los ministros de Finanzas del grupo aprobaron el acuerdo para gravar a las empresas multinacionales con dicho impuesto, tal como se acordó en la OCDE. De acuerdo con las estimaciones, el impuesto de 15% podría dejar una recaudación de 150,000 millones de dólares al año y abarcar alrededor de 10,000 empresas multinacionales. Además, el G20 invitó a todos los miembros que aún no se han unido a hacerlo pues todavía faltan: Barbados, Estonia, Hungría, Irlanda, Kenia, Nigeria y Sri Lanka de firmar el acuerdo.
Expertos en temas fiscales reiteraron a safeshopping.news que el reto, al menos en México, será estructurar este nuevo impuesto de forma que las empresas mexicanas especializadas en temas digitales, en general mucho más pequeñas que las extranjeras, no vayan resultar afectadas. Asimismo, como ya sabemos, imponer nuevos impuestos a las empresas nacionales puede tener efectos regresivos y beneficiar, contradictoriamente, a las extranjeras, pues la competencia no podría sostener el costo que implica. Si bien este tema ha estado en la agenda de Arturo Herrera, quien esta semana deja su cargo como secretario de Hacienda, tendrá que ser una de las prioridades para su sucesor, Rogelio Ramírez de la O.
Tome nota, el impuesto debe estar enfocado a empresas que no tienen residencia y no están constituidas formalmente en México. Sólo así se logrará que las grandes empresas extranjeras paguen los impuestos que les corresponden y se conserve una competencia en la que las nacionales tengan las mismas oportunidades de crecimiento.
