Sin duda el congreso de Quintana Roo está en el ojo del huracán por la discusión y votación de la iniciativa que impulsan José María Chacón, presidente de la Comisión de Movilidad del Congreso de Quintana Roo y Rodrigo Alcázar, titular del Instituto de Movilidad.
Como ya sabe, a los repas querían cobrarles un impuesto de 2%, obligarlos a pagar un permiso y a asociarse a algún sindicato, además de forzarlos a comprar una “caja” aprobada del gobierno para repartir.
Recientemente, Saúl Gómez, vocero del colectivo #NiUnRepartidorMenos, ha expresado su optimismo por el rumbo que está tomando el proceso. Al parecer los diputados, encabezados por Chacón, han escuchado y no aprobarán el impuesto reconociendo la importancia de este sector.
Aunque todavía nada es seguro y la cuestión de los permisos y las cajas sigue en el aire. “No permitamos que nos quieran cobrar por cajas que no se necesitan y hacernos pagar por un permiso que no se necesita. Queremos que se eche para atrás esos abusos”.
Ante esta situación, legisladores como la diputada Candy Ayuso se ha pronunciado en contra de la iniciativa y ha reconocido que podría vulnerar garantías individuales de quienes ejercen la actividad de delivery. #NiUnRepartidorMenos ha reconocido los esfuerzos de la diputada Ayuso a la que ya consideran una campeona de su causa.
Los siguientes días serán claves en la entidad gobernada por Mara Lezama, quien aún no se ha pronunciado sobre la polémica situación.
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